La Ley de Unidad de Mercado avanza en su trámite administrativo
HOSTELVENDING.com 08/07/13.- Todavía está por ver cómo beneficiará a la venta automática la Ley de Unidad de Mercado en la que trabaja el Gobierno, pero en teoría puede suponer un gran impulso para el sector al acabar con la fragmentación normativa que existen en la actualidad, generada por la autonomía de las comunidades.
El objetivo es facilitar el establecimiento de las empresas en todo el territorio y eliminar las diferencias y trabas administrativas que se encuentran los operadores a la hora de expandir sus negocios. Así, cualquier producto o servicio producido al amparo de cualquier normativa autonómica podrá ser ofertado en todo el territorio nacional sin necesidad de trámite adicional. Esto mejora las perspectivas de cualquier empresa y por tanto abre mercado para el vending.
Con estas premisas el Proyecto de Ley avanza en su trámite tras aprobarse su remisión a las Cortes Generales por parte del Consejo de Ministros del pasado viernes 5 de julio después de superar la audiencia pública.
Sigue adelante a pesar de las controversias y el rechazo que ha encontrado en Gobiernos regionales y asociaciones de consumidores. Lo hace prácticamente igual que en su redacción inicial, aunque según el propio Gobierno "mejorado técnicamente" gracias a los diferentes informes remitidos por entidades como la Comisión Nacional de la Competencia, el Consejo General de Poder Judicial o el propio Consejo de Estado que hace varias matizaciones al texto en un intento por aclarar las imprecisiones que tiene el proyecto.
El CES considera "inadecuada la uniformidad o universalización que otorga el Anteproyecto a la regulación del acceso y ejercicio de las actividades económicas en aras de hacer efectivo el principio de unidad de mercado", puesto que, a su juicio, "las especificidades de cada actividad y de los sectores económicos requieren un tratamiento diferenciado, debiéndose establecer, asimismo, unos requisitos de regulación razonables e igualmente diferenciados".
Además coincide con varios Gobiernos Autonómicos y asociaciones como FACUA al alertar de la posibilidad de que se fomenten paraísos regulatorios, es decir, el traslado de las empresas a regiones con normativas más laxas o que a partir de esta Ley las desarrollen para atraer a las empresas, para desde ahí lograr las autorizaciones para operar a nivel nacional.
Luego está el conflicto de competencias que pueda generar entre los diferentes niveles de la administración, problemática que debe abordar el propio texto si el Gobierno no quiere fomentar la proliferaciones de procesos contencioso-administrativos que tantos recursos públicos se llevan.
Son los aspectos más negativos de un Proyecto que aún debe pasar por el Parlamento y el Senado, pero que ya se ha ganado las adhesiones de las organizaciones empresariales por intentar acabar con la desigualdad que existe en la actualidad, fomentar la movilidad empresarial y evitar duplicidades.
Además, de acuerdo con los estudios del Ministerio de Economía y Competitividad, la aprobación de esta Ley va a suponer "un aumento total del PIB del 1,52 por 100 en un período de diez años". "El aumento sería, aproximadamente, del 0,15 por 100 PIB anual los primeros diez años, en torno a 1.500 millones de euros cada año", señalan desde el Gobierno.
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