La Universidad de Panamá estrecha el cerco de control a sus máquinas expendedoras

HOSTELVENDING.COM 08/07/2025.- La administración central solicita la identificación de las instalaciones sin contrato formal, y ordenar su desalojo si es pertinente. Se trata de un ejemplo más de la importancia de operar de acuerdo con la regulación vigente.

La distribución automática en centros educativos vuelve a estar bajo la lupa. Lo vemos, en el caso de España, con la regulación de productos azucarados y bebidas energéticas en los colegios, o en el caso más reciente, en LATAM; en concreto, en la Universidad de Panamá.

Tal y como ha indicado la propia órgano informativo oficial digital de la Universidad de Panamá (UP Informa), se ha solicitado a todas las autoridades internas (decanos, directores regionales y coordinadores de extensiones) una verificación exhaustiva del uso de espacios y máquinas automáticas de foodservice implementadas en las instalaciones de la UP.

Aunque puede parecer únicamente administrativa, la medida tiene implicaciones directas para el sector, y así lo ha dejado claro su rector, Eduardo Flores Castro: se debe confirmar si existen locales ocupados o máquinas expendedoras instaladas sin un contrato de arrendamiento formal emitido por la administración central.

En el caso de que las máquinas expendedoras no tengan contrato de arrendamiento formal, se deberán notificar a los operadores y proceder al desalojo si no se regulariza dicha situación.

“En mi calidad de Rector y representante legal de esta primera casa de estudios, y en atención a las normas vigentes, me permito solicitarles que verifiquen si en su unidad (…) existen actualmente locales ocupados o máquinas expendedoras sin la debida formalización de un contrato de arrendamiento”, señala Flores Castro.

Para los operadores, el mensaje es claro: No bastará con estar presente en el campus, también será imprescindible contar con los permisos en regla y contar con una trazabilidad documental del espacio ocupado (y más cuando son entornos públicos).

Asimismo, el rector subrayó la urgencia de actuar con “la mayor diligencia y responsabilidad”, para garantizar que el uso de esos espacios se haga en estricto cumplimiento de las normativas.

El caso de la Universidad de Panamá no va a ser el único; todo apunta a que los espacios educativos y públicos estrecharán el cerco en cuanto a garantías, regularización y control sobre quién gestiona qué, dónde y bajo qué condiciones. Ahora, solo falta que estas mismas cumplan con lo que exigen y prediquen con el ejemplo.