El retraso de Verifactu da margen a las pymes para una transición más razonable

HOSTELVENDING.COM 12/12/2025.- El Gobierno ha aplazado la entrada en vigor de Verifactu. Aunque la fecha definitiva está en el aire, el sector valora el respiro; la transición al software garantizado afecta a más de tres millones de pymes y autónomos.

Como suele pasar con todo lo vinculado a lo legislativo, Verifactu, el sistema de facturación segura exigido por la Ley Antifraude, se retrasa. Y, aunque la noticia ha generado inquietud por falta de una nueva fecha, también ha supuesto un alivio para que las empresas se preparen para una transición con mayor planificación y menos estrés operativo.

El cambio no elimina la obligación, logicamente, pero pospone su aplicación hasta que el reglamento técnico esté definitivamente cerrado.

Para sectores como la distribución automática, el retail y los pequeños comercios (donde conviven distintos niveles de digitalización y estructuras muy diversas), el retraso supone un respiro (necesario). La implantación de un software garantizado que asegure la integridad, trazabilidad y eventual envío automático de los registros a la Agencia Tributaria implica un impacto técnico que no puede resolverse de "hoy para mañana".

Desde Axos Soluciones, especializado en software de gestión, recalcan precisamente este matiz. Su director de Desarrollo de Negocio, Pelayo Rayón, recuerda que el aplazamiento "da un pequeño margen, pero no debe interpretarse como una señal para paralizar la adaptación". A su juicio, el mayor riesgo ahora sería que algunas pymes interpreten la prórroga como una invitación a esperar.

Todo lo contrario, porque la digitalización no se improvisa en un par de meses. "Quienes no planifquen a tiempo afrotarán prisas, costes inesperados y una tensión operativa innecesaria", detalla.

El retraso debería aprovecharse para mejorar la información y acompañar al tejido empresarial.

Por su parte, la normativa (incluida en la Ley Antifraude de 2021) sigue adelante, y exigirá que los programas de facturación garanticen la inviolabilidad de los registros, su trazabilidad y, en determinados casos, la comunicación con Hacienda. Pero su aplazamiento abre la puerta a una transición más razonable y evita ese escenario de implantación acelerada que tanto preocupaba a las empresas.