La CNMC multa a 7 empresas por repartirse contratos públicos de alimentación

HOSTELVENDING.COM 30/07/2024.- Las sanciones impuestas a las empresas suman 3.137.500 euros por tres violaciones del artículo 1 de la ley de defensa de la competencia. Por otro lado, las multas totales a sus directivos alcanzan los 176.100 euros, de acuerdo con el artículo 63.2 de la misma ley.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 3,13 millones de euros a siete distribuidoras de alimentos por su participación en tres cárteles que, durante años, se repartieron contratos públicos para suministrar alimentos a hospitales, residencias de mayores, centros penitenciarios y diversas instalaciones del Ejército, incluyendo la Academia General Militar de Zaragoza, entre otros, según un comunicado oficial. En dicho comunicado, se detalla que el primer cártel estaba compuesto por la distribuidora Plataforma Femar, su filial Aacacio, Serviline Foods y Asesores Llangong, y que se repartieron las licitaciones para suministrar alimentos a colectividades dependientes de entidades públicas y privadas desde noviembre de 2015 hasta agosto de 2021.

El segundo cártel, conformado por Femar y Leonesa de Patatas, impactó a la entidad estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE) en los contratos para diversos centros penitenciarios entre enero y marzo de 2022. El tercer cártel, compuesto por Femar, Hermanos Vidal y Frutícolas Ateca, también afectó a centros penitenciarios del TPFE entre febrero y marzo de 2022.

En total, las multas impuestas a las empresas ascienden a 3.137.500 euros debido a tres infracciones del artículo 1 de la ley de defensa de la competencia. Dentro de estas sanciones, las multas a los directivos suman 176.100 euros, conforme al artículo 63.2 de la misma ley.

Desglosando por empresas, Plataforma Femar ha recibido una multa de más de 2,4 millones de euros; Acacio ha sido sancionada con 346.000 euros; Serviline Foods con 170.000 euros; Asesores Llangon con 3.500 euros; Leonesa de Patatas con 45.000 euros; Frutícolas Ateca con 65.000 euros y Hermanos Vidal con 60.000 euros. En cuanto a los directivos, Fernando Marín Hernández (Femar y Acacio) ha sido multado con 71.300 euros; Alberto Marín Hernández (Femar), con 25.800 euros; José Antonio Cebollada Andrés (Serviline), con 31.000 euros; Miguel Ángel Cebollada Andrés (Serviline) con 20.000 euros y Nuria Llanos González (Llangon) con 28.000 euros.

El primer cártel estableció una “bolsa conjunta de beneficios” y operó con la ayuda de Llangon, una empresa de asesoramiento para concursos públicos que no tenía volumen de negocio en el mercado afectado, según informó la CNMC en un comunicado. La bolsa operaba a través de subcontrataciones entre las empresas, algo que estaba prohibido en la mayoría de los pliegos o no se comunicaba al órgano de contratación.

Estas subcontrataciones se utilizaban como un subterfugio para distribuir los lotes y asegurar un reparto equitativo del 50% de los beneficios, explica la CNMC.

Además, las empresas intercambiaron información comercial sensible, incluyendo sus márgenes de beneficio en los contratos, los precios de oferta a un cliente privado, sus zonas de influencia para operar, las licitaciones a las que se presentarían e, incluso, las contraseñas y los certificados digitales para acceder a la contratación, detalló la CNMC. El segundo y tercer cártel se formaron a través de acuerdos anticompetitivos entre Femar y Leonesa de Patatas, y entre Femar y las empresas vinculadas Hermanos Vidal y Frutícolas Ateca, respectivamente.

En el primer acuerdo, cuando los órganos de contratación les invitaban a participar en el concurso, Femar y Leonesa acordaron presentar ofertas de cobertura mutuas, dividiéndose los centros penitenciarios según su ubicación.

La CNMC inició la investigación y realizó las primeras inspecciones en marzo y septiembre de 2022, tras recibir avisos de los órganos de contratación de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) y de la Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, debido a posibles indicios de colusión en varias licitaciones.