La Comisión de Agricultura rechaza la inclusión de criterios sociales y ambientales en la compra pública de alimentos
HOSTELVENDING.com 13/03/2014.- La proposición no de ley impulsada por la Izquierda Plural en la Comisión de Agricultura del Congreso para incluir criterios sociales y ambientales en los contratos de compra pública de alimentos no ha salido delante.
El Partido Popular, con mayoría en la Comisión, ha rechazado la iniciativa que pretendía complementar las condiciones que en la actualidad se incluyen en los pliegos de los concursos y en los que la propuesta económica es el factor que más puntúa.
Laia Ortiz, diputada de Iniciativa per Catalunya Verds y portavoz del grupo parlamentario IU- ICV- CHA, lamentó ayer la decisión ya que las nuevas condiciones no solo iban encaminadas a mejorar la oferta alimentaria de los centros públicos, sino también a aportar un nuevo impulso a las empresas de ámbito local frente a las grandes empresas.
La diputada de ICV ha señalado que "no hay ningún motivo que justifique esta negativa ya que esta es una propuesta sencilla y razonable que cuenta con el apoyo de entidades sociales y que favorece la creación de empleo , el impulso de los mercados locales y la dinamización territorial".
Las distintas administraciones públicas son el principal cliente por lo que se refiere a las compras alimentarias. El poder de modificar el mercado alimentario del que disponen las distintas administraciones públicas a través de sus procesos de compra pública y licitación de suministro y/o servicio relacionados con las restauraciones colectivas dependientes de ellas, es por tanto muy grande.
Se estima que destinan entre 2.000 y 3.000 millones de euros a las compras alimentarias cada año, aproximadamente un 13% del PIB en el Estado español. Si este volumen de compra se realizara en mercados de proximidad, el grupo parlamentario aseguraba en su defensa que estaríamos ante el catalizador definitivo para crear, fortalecer y extender una red de mercados locales viables con unas consecuencias importantes a nivel económico, social, medioambiental y cultural.
La medida podría haber tenido un gran impacto también en el vending, ya que las licitaciones tendrían que haberse adaptado a los nuevos criterios de manera generalizada, y no de forma puntual como ocurre en la actualidad a nivel, sobre todo, de la administración local.
Aunque la propuesta parlamentaria iba destinada sobre todo a las grandes compras de los catering de colegios y hospitales, todo lo dependiente de la administración se vería afectado como reclama la Unión Europea que a través de una Directiva publicada a principios de año avala el impulso de la compra pública con criterios sociales y medioambientales.
Por lo tanto, no habrá Plan de Contratación Pública Alimentaria de proximidad que complemente y amplíe al existente Plan de Contratación Pública Verde que, por el momento, es suficiente para el Gobierno.
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